Fiscalía de la Nación a través Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias presentó una denuncia constitucional contra once congresistas por impulsar una ley que beneficia a exmilitares del Parlamento, que les permitió recibir simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones.
Según informó la Fiscalía, la denuncia fue interpuesta ante el Congreso de la República y está dirigida contra once legisladores que integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022.
De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas involucrados son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. A todos ellos se les atribuye el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.
La denuncia se centra en el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que fue aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta normativa permitió que cinco de los congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, pudieran percibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión como jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto total.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi, quienes son pensionistas de las Fuerzas Armadas, así como Alfredo Azurín Loayza, pensionista de la Policía Nacional. Según la denuncia, estos congresistas habrían actuado en su propio beneficio al interesarse directamente en la aprobación de la norma.
La Fiscalía de la Nación sostiene que las acciones de los congresistas denunciados constituyen un agravio al Estado, ya que habrían utilizado su posición como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para promover una legislación que favorecía sus intereses personales. Este tipo de conducta, según la denuncia, encuadra en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos en los que tienen un conflicto de interés.
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