La Fiscalía pidió la prolongación del mandato de prisión preventiva por 18 meses contra el vacado expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, caso donde es procesado por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
La fiscal adjunta suprema Galinka Meza sustentó el pedido alegando que “existe un alto grado de probabilidad de que se alcanzará una sentencia condenatoria” contra el expresidente. Asimismo, la fiscal aseguró que el plazo adicional requerido también considera el tiempo que tome que la potencial sentencia condenatoria quede firme.
De igual manera, Meza advirtió que aún persiste el peligro de que Pedro Castillo huya de la justicia. Ello toda vez que su esposa, la exprimera dama Lilia Paredes, y sus menores hijos se encuentran asilados en México. La fiscal adjunta suprema alertó que el Gobierno de dicho país tiene “simpatía” por el exmandatario, por lo que podría fugar a este país.
La fiscal Galinka Meza también señaló que la defensa del expresidente ha incurrido en acciones obstruccionistas por los numerosos recursos (tutelas de derechos, recusaciones) con argumentos “manifiestamente improcedentes” y los constantes cambios de abogados.
En respuesta, el abogado de Castillo, Luis Medrano, aseguró que “la familia no solo la compone la esposa y los hijos” y negó que a la fecha se esté tramitando una solicitud de asilo político. También dijo que los recursos formulados forman parte del derecho a la defensa y no han obstruido la labor del Ministerio Público.