La fiscal suprema Zoraida Ávalos pidió al Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones que pesa sobre la excongresista Betssy Chávez, y que se le imponga prisión preventiva. El requerimiento se presentó luego de que México le otorgara asilo político a la exfuncionaria, investigada por su rol en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Desde junio de 2023, Chávez cumplía prisión preventiva por su participación en los hechos que desencadenaron la caída del gobierno de Pedro Castillo; sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló dicha medida en septiembre de este año, permitiendo que siga su proceso bajo reglas de conducta y control biométrico.
Son justamente estas reglas las que, según Ávalos, Chávez ha incumplido. “No se ha realizado su control biométrico en tres oportunidades (29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y no se ha presentado a cuatro sesiones del juicio oral, a pesar de que sabe perfectamente que es obligatoria su participación. Esta situación demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra”, indicó la fiscal suprema en su requerimiento.
“A criterio de este Despacho Supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad, resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso penal, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad”, se lee en el documento presentado ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.
El magistrado programó la audiencia de revocatoria para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas, y advirtió que, de no asistir el abogado Raúl Noblecilla, la defensa pública asumirá la representación de Chávez. Paralelamente, la Fiscalía reafirmó su solicitud de 34 años de prisión contra Pedro Castillo y los exministros implicados, mientras el juicio oral entra en su etapa final.
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