La Junta de Fiscales Supremos, en sesión extraordinaria, acordó interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En un comunicado, la Fiscalía de la Nación expresa su rechazo a dicha norma, porque vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad”.
El MP señala que esta ley "frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, y perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes".
Además, la Fiscalía respalda lo expresado por la Corte Interamericana sobre esta norma.
"(La Ley 32107 ) atenta contra la defensa de los derechos humanos debido a que se contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado", expresan.
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