El juicio oral contra Martín Vizcarra llegó a su tramo decisivo tras los alegatos finales de la Fiscalía y la Procuraduría, en medio de cuestionamientos sobre la consistencia de la acusación. El exprocurador Luis Vargas Valdivia advirtió que sin pruebas directas será difícil obtener una condena. Desde el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el caso avanza hacia sentencia.
En entrevista con Canal N, el abogado enfatizó que “la fiscalía debe presentar, no indicios, sino pruebas que lleven al juez al convencimiento más allá de toda duda razonable”. Recordó que el proceso exige evidencia sólida que vincule de forma directa al exmandatario con actos ilícitos. El debate gira hoy en torno al estándar probatorio requerido.
Según Vargas Valdivia, los testimonios presentados por el fiscal Germán Juárez no serían determinantes, pese a incluir a un colaborador eficaz de Obrainsa y documentos financieros. “El problema de los testimonios es que no hay testigos directos, son todos testigos indirectos, testigos que alegan ‘haber oído’”. Aunque los movimientos bancarios podrían apuntar a enriquecimiento ilícito, no bastan para probar cohecho o colusión.
El exprocurador también remarcó que “he escuchado al fiscal hacer referencia a indicios. Eso me preocupa porque a estas alturas del proceso la fiscalía debe tener pruebas que permitan llevar al juez a un convencimiento más allá de toda duda razonable”. Mientras Juárez Atoche solicita 15 años de prisión y sostiene que Vizcarra recibió S/1 millón de Obrainsa, la defensa se alista a presentar sus alegatos finales el 20 de noviembre.
La discusión judicial incluye además si la eventual sentencia debería ejecutarse de inmediato, tema sobre el cual Vargas Valdivia precisó que “el recurso de apelación puede ser concedido con efectos suspensivos, que significa que no se ejecuta la sentencia”. La jueza dispuso que, tras los alegatos de las partes y los terceros civilmente responsables, Vizcarra pueda ejercer su derecho a la última palabra. El proceso quedará listo para resolución.
En paralelo, el exprocurador analizó el giro en el caso contra Pedro Castillo, cuyo proceso pasó de rebelión a conspiración para la rebelión. Aclaró que “la conspiración no exige que se materialice el delito. Basta la acción para tratar de cometerlo para que quede acreditado”. Señaló que el mensaje del 7 de diciembre de 2022 y la presunta intención de ir rumbo a la embajada de México son claves para la acusación, sumado a una defensa más política que jurídica.
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