El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, cuestionó duramente el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al considerar que la propuesta busca fortalecer su control dentro de la institución. 

El jurista afirmó que la iniciativa fue presentada “prácticamente sin debate” y alertó que la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Arturo Alegría, está integrada por legisladores “bastante vinculados” al titular del Ministerio Público.

Rivera sostuvo que uno de los principales riesgos del proyecto es la “concentración exagerada” de poder en la Fiscalía de la nación, lo que —según explicó— podría afectar la autonomía de los fiscales. “El proyecto apunta a una mayor concentración del poder de parte de la Fiscalía de la nación, tanto así que termina vulnerando el propio principio de autonomía del Ministerio Público”, declaró. 

Añadió que la propuesta permitiría revisar decisiones fiscales desde instancias superiores, debilitando la independencia con la que actualmente operan las fiscalías especializadas.

Otro punto que genera controversia es la reestructuración de las fiscalías supremas y especializadas. La iniciativa contempla la creación de nueve fiscalías supremas, lo que obligaría a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a nombrar cinco nuevos fiscales supremos. 

Para Rivera, este cambio podría alterar el modelo de investigación que el Ministerio Público ha desarrollado durante las últimas décadas para enfrentar delitos complejos y casos de corrupción. “Se podría malograr el esquema de investigación que tiene actualmente el Ministerio Público”, advirtió el abogado del IDL.

Además, el jurista criticó la incorporación del delito de lesa humanidad dentro del proyecto legislativo. Según explicó, la propuesta realiza una “mala copia del Estatuto de Roma” y, a su juicio, incluye disposiciones que favorecerían determinados intereses políticos. 

“Los de Fuerza Popular, que son los que han presentado ese proyecto, han pretendido establecer algunas reglas de prueba cuando lo que corresponde es definir un tipo penal”, señaló.

El debate sobre la reforma del Ministerio Público continúa generando tensión política y jurídica en el Congreso, mientras especialistas advierten posibles impactos en la independencia fiscal y la lucha contra la criminalidad organizada.