La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía para que brinde sus descargos por las 61 muertes ocurridas en las protestas contra su régimen desde diciembre del 2022 hasta principios del 2023. Boluarte deberá acudir al Ministerio Público el 31 de mayo desde las 9:00 horas.
La jefa de Estado es acusada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La citación se da luego de que el Poder Judicial declarara fundada en parte la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que buscaba ser incluida en la investigación.
Por su parte, el abogado de la presidenta, Joseph Campos, confirmó la asistencia de la mandataria y argumentó que ella no tiene que ser investigada.
“Lo programaron y esperamos con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración (…) Nuestra intención es que eso se termine de la manera más próxima y posible (…) La presidenta es una autoridad constitucionalmente establecida y no le correspondería ser investigada”, señaló.
Además Campos indicó que Boluarte no tiene responsabilidad ni comando sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y la Policía, alegando que cada muerte tiene que ser investigada individualmente. Dicho argumento es el mismo que sostuvo Boluarte hace unas semanas a un medio local. Sin embargo especialistas negaron la afirmación y señalaron que la jefa de Estado si tiene que responder por las fuerzas del orden.
Por su parte la defensa legal de las víctimas, Carlos Rivera, refirió que la mandataria si es responsable por los muertes en las protestas contra su gobierno. “Ella tiene que dar cuentas por los fallecidos”, finalizó.