La lideresa de Keiko Fujimori afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, vinculada al origen de los aportes que ingresaron a su partido durante la campaña presidencial de 2021. En el mismo proceso también fueron incluidos Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de la plancha presidencial de Fuerza Popular para las elecciones de 2026.
La investigación fue formalizada mediante una disposición fiscal emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Además de Fujimori, Galarreta y Torres, el proceso incluye a Lidman Miranda y al propio partido Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes se les atribuye, de manera preliminar, la condición de presuntos coautores e integrantes de una organización criminal.
El juez Wilson Verastegui recibió la formalización de la investigación el 24 de noviembre de 2025 y determinó que el caso se rija por la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, estableciendo un plazo de 36 meses para las diligencias. Según una resolución judicial citada por RPP, al no haberse solicitado medidas coercitivas, todos los investigados afrontan el proceso bajo comparecencia simple.
En una resolución adicional, el magistrado admitió a trámite el pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos para constituirse como actor civil dentro de la investigación. De prosperar esta solicitud, el Estado peruano podría exigir el pago de una reparación civil en caso de que los investigados sean hallados responsables de los delitos imputados por la Fiscalía.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero, el juez Verastegui ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional y archivó el proceso penal relacionado con los presuntos aportes irregulares a las campañas de 2011 y 2016. Sin embargo, dispuso que continúen vigentes los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, devolviendo el caso al Ministerio Público para un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos específicos.
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