La situación legal de Keiko Fujimori entró en una fase decisiva con la apertura de una nueva investigación por financiamiento ilícito, esta vez dirigida por la fiscal Manuela Villar. El expediente de 186 páginas detalla ingresos en sobres y aportes no declarados que habrían ingresado a Fuerza Popular. La Fiscalía sostiene que la estructura partidaria habría sido usada para canalizar fondos de origen desconocido.
En el documento, se afirma que “La organización criminal liderada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, que participó en las elecciones presidenciales en el 2021, permitió que ingrese al dominio patrimonial de Fuerza Popular dinero de origen desconocido –bajo aportes anónimos, aportantes falsos u otros modelos– y habría permitido que se ejecute dinero de fondos públicos para fines distintos a los fijados por ley”. Según fuentes citadas por el semanario, la hipótesis fiscal es “muy sólida”.
La indagación señala a seis altos dirigentes del partido, entre ellos Fujimori, Torres, Galarreta, Beteta, Takayama y Miranda, quienes habrían tenido acceso a los recursos cuestionados. Entre los hallazgos, el expediente indica que “Ha encontrado Villar que Fuerza Popular utilizó S/ 1.6 millones del dinero que recibió de la ONPE para la campaña electoral de Fujimori. Eso está prohibido”. También se detectó una recaudación ilícita que habría servido para desconocer los resultados electorales.
La fiscal sostiene además que “Se atribuye a Keiko Fujimori haber tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron por decisión suya o bajo su dirección, para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero”. A ello se suman testimonios de presuntos aportantes que negaron haber financiado la campaña, cuyos ingresos no coincidirían con los montos reportados.
El expediente también incluye aportes que sí fueron reconocidos, así como la entrega de sobres con dinero por parte de nueve personas, entre ellos Franco Montiel y Álvaro Estrada. La fiscal concluye que “Estas operaciones denotan una estrategia deliberada de ocultamiento, al evitar los canales bancarios y controles de la ONPE, generando así una opacidad estructural sobre la verdadera fuente de los fondos”. La ONPE confirmó multas por no bancarizar ingresos y la lideresa del partido decidió no responder durante la investigación.
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