La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diligencias urgentes tras la detención del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, investigado por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja en el distrito limeño de San Miguel. El caso se produjo luego de que la mujer denunciara un incidente ocurrido en su vivienda, donde, según las primeras investigaciones, el parlamentario habría protagonizado un altercado al intentar ingresar al inmueble.

El Ministerio Público informó que las diligencias se desarrollaron en la Comisaría de San Miguel con el objetivo de reunir pruebas, esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de la presunta víctima. Posteriormente, el legislador fue trasladado al área de Medicina Legal para continuar con las actuaciones correspondientes. "Las acciones fiscales estuvieron orientadas a recabar elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados", precisó la institución.

De acuerdo con la información preliminar difundida por RPP, el incidente se habría registrado cuando Julián Pérez llegó al departamento de su expareja, ubicado en el jirón Manco Segundo, donde se produjo un forcejeo con el padre de la denunciante al intentar ingresar al inmueble. Además, trascendió que el congresista registra tres sentencias judiciales emitidas en Ayacucho, Urubamba y Kimbiri, antecedentes que también forman parte del contexto del caso.

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario del programa Warmi Ñan se trasladó a la dependencia policial para brindar asistencia legal y psicológica a la denunciante. La cartera expresó su rechazo a los hechos y reafirmó su compromiso de acompañar a la víctima durante el proceso. "Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida", señaló el ministerio.

Finalmente, el MIMP exhortó a las autoridades competentes a actuar con rapidez para garantizar el debido proceso y sancionar a los responsables si se determina su responsabilidad. "Exhortamos a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley", indicó la entidad, mientras las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo sucedido.