El Ministerio Público solicitó 16 años de prisión contra Daniel Adriano Peirano Sánchez, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por presuntos actos de corrupción judicial relacionados con un proceso de desalojo de terrenos del Fundo Oquendo. La acusación también alcanza a las exjuezas Kelly Ocampo Preciado y Vilma Núñez Román, para quienes la Fiscalía pidió nueve años de cárcel a cada una.
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Jorge Bernal Cavero durante el inicio del juicio oral, el pasado 22 de septiembre.
Según la tesis fiscal, durante la gestión de Peirano al frente de la Corte del Callao, entre 2011 y 2012, se habría producido una intervención irregular en el proceso judicial relacionado con el Fundo Oquendo.
El Ministerio Público sostiene que el entonces presidente de la Corte habría direccionado decisiones judiciales junto con las otras dos exjuezas para favorecer determinados intereses particulares.
Durante su exposición, el fiscal describió el caso como una presunta utilización de la función judicial a cambio de beneficios relacionados con la estabilidad laboral de magistrados que habrían acatado determinadas disposiciones.
Bernal resumió esa hipótesis como un supuesto intercambio de permanencia en la judicatura por resoluciones judiciales previamente encargadas.
Los hechos investigados corresponden a los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, relacionados con actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
La Fiscalía indicó que buscará demostrar durante el juicio la responsabilidad penal de los tres acusados y solicitó que se emita una sentencia condenatoria al término del proceso.
El pedido de 16 años de prisión contra Peirano y los nueve años solicitados para cada una de las exjuezas constituyen las penas requeridas por el Ministerio Público, no condenas definitivas.
Por ello, la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse mediante la valoración de las pruebas y la decisión judicial correspondiente.
