La Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para recabar documentación relacionada con la contratación de Lourdes Beatriz Morales Morote y la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, en ambas instituciones.

Las acciones se realizaron este viernes y estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El Ministerio Público busca determinar bajo qué circunstancias se concretaron ambas incorporaciones y si existen elementos que puedan constituir un delito contra la administración pública. Por el momento, la Fiscalía no ha establecido responsabilidades penales ni atribuido un delito específico a las personas involucradas.

El caso surgió tras una investigación periodística que puso bajo cuestionamiento los vínculos políticos de ambas mujeres con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, debido a su anterior militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC).

Según la información difundida, Sofía Aguayo Morales estuvo afiliada al PPC entre 2011 y 2021, mientras que Lourdes Morales Morote perteneció a dicha agrupación política entre 2005 y 2021. Beingolea también estuvo vinculado anteriormente al partido.

La designación de Aguayo Morales como gerenta general de la Biblioteca Nacional fue formalizada mediante la Resolución Jefatural n.° 066-2026-BNP, publicada el 5 de agosto y vigente desde el día siguiente.

En el caso de su madre, Lourdes Morales fue contratada para brindar servicios en el despacho del ministro de Cultura mediante una orden de servicio por S/32 500 durante 145 días.

Otro elemento señalado en la investigación periodística es que Aguayo Morales registró una visita al despacho de Beingolea días antes de su designación en la Biblioteca Nacional.

Durante las diligencias, la Fiscalía recabó documentación en las instituciones involucradas. La información será analizada para establecer si corresponde ampliar las investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, las actuaciones fiscales tienen carácter preliminar y no implican que las contrataciones hayan sido consideradas ilegales. La Fiscalía deberá evaluar la documentación obtenida antes de adoptar nuevas decisiones en el caso.