El fiscal adjunto Henry Amenábar, integrante de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores–Surquillo–San Borja, fue detenido el 2 de diciembre, en el baño de un centro comercial mientras recibía un soborno, según informó la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. El operativo encontró al magistrado con 3 mil dólares previamente fotocopiados, parte de los 20 mil dólares que habría solicitado para favorecer a un investigado por estafa.
El general Luis Lira, jefe de la unidad anticorrupción, detalló que Amenábar exigía el dinero a un ciudadano acusado por la compra impaga de una joya valorizada en 50 mil dólares. El fiscal habría citado reiteradamente al denunciante a un café en San Borja para coordinar el pago clandestino. La PNP confirmó que esta intervención lo convierte en el octavo fiscal capturado por corrupción en 2025.
La detención de Amenábar reavivó episodios de su pasado profesional, particularmente su participación en el procedimiento de captura del expresidente Alan García en 2019, operativo que terminó con el suicidio del exmandatario. Ricardo Pinedo, exsecretario de García, recordó que Amenábar fue quien ejecutó la orden encargada por el fiscal José Domingo Pérez, y cuestionó su actuación en ese momento tras conocerse su captura por coima.
En ese entonces, la Oficina Desconcentrada de Control Interno abrió una investigación a Domingo Pérez y Amenábar por presuntas irregularidades en el allanamiento, señalando que no se informó adecuadamente a García sobre el procedimiento ni se establecieron medidas de seguridad para resguardar su integridad. El abogado del expresidente, Erasmo Reyna, acusó al fiscal de no identificarse ni mostrar la orden judicial al ingresar a la vivienda.
Además, Amenábar tuvo un rol clave en el caso Lava Jato: fue el encargado de entregar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, compuesto por 739 tomos con pruebas, testimonios y documentos que confirmaban la responsabilidad de la constructora en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica, la Vía de Evitamiento de Cuzco y Costa Verde del Callao. Este acuerdo estableció una reparación civil de 610 millones de soles, más intereses e impuestos que elevaban la obligación total de la empresa.
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