Política

Fiscal de San Juan de Lurigancho desafía amenazas y lidera ofensiva contra red criminal

Margarita Haro Pinto denunció que una organización busca intimidarla para frenar su investigación contra Los Chukys de Juan Pablo II. Un operativo permitió hallar el celular desde donde le enviaron mensajes de amenaza

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DIARIO VIRAL

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La fiscal provincial penal de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció que desde mediados de octubre recibe mensajes amenazantes firmados por un grupo que se hace llamar Los Pepes, vinculado a la banda Los chukys de Juan Pablo II. Estas advertencias intentaban apartarla del proceso que lidera contra la organización criminal. “No permaneceré en silencio frente a las amenazas”, afirmó la magistrada, quien pidió reforzar la seguridad de los fiscales que enfrentan al crimen organizado.

Durante un operativo realizado la madrugada del 1 de noviembre, agentes de la División de Investigación de Robos y de la Dirección de Inteligencia allanaron dos viviendas en San Juan de Lurigancho. En la intervención incautaron armas de fuego, equipos celulares y objetos usados para extorsión, entre ellos un teléfono vinculado directamente al número desde el cual se enviaron las amenazas a Haro Pinto. Fuentes policiales indicaron que este hallazgo “es clave para identificar a los autores de las intimidaciones”.

Las investigaciones revelaron que el mismo número telefónico formaba parte de una red que también extorsionaba a comerciantes locales y a otros funcionarios judiciales. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, “existen al menos 25 fiscales extorsionados a nivel nacional”. Aseguró que estas amenazas buscan interferir en las investigaciones y debilitar el trabajo de quienes enfrentan a las mafias del sicariato y el cobro de cupos.

La Policía informó que varios de los detenidos eran menores de edad reclutados por los cabecillas para enviar los mensajes intimidatorios. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada implicado. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de proteger a sus funcionarios y destacó la cooperación con la Policía Nacional “para identificar a los autores intelectuales de las amenazas y garantizar justicia”.

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