El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que acudió a una audiencia judicial por la querella interpuesta por la exfiscal de la nación Delia Espinoza. Según detalló, la demanda solicita dos años y cuatro meses de prisión, una reparación civil de un millón de soles y el pago de una multa. El proceso se enmarca en las críticas públicas que el legislador realizó contra la exfuncionaria, generando un debate sobre libertad de expresión y límites legales en la política peruana.
Rospigliosi aseguró que continuará asistiendo a las audiencias y defendiendo su postura. “Lo que pretende esta señora es limitar el derecho de opinión que tenemos los peruanos. Ya no podemos criticarle”, afirmó. En esa línea agregó: “No me va a callar con esas amenazas y espero que el sistema judicial actúe respetando la libertad de prensa y la libertad de opinión”. El caso ha generado atención en el Congreso y en la opinión pública por sus implicancias en materia de derechos fundamentales.
En otro momento, el titular del Legislativo anunció que el pleno evaluará una moción para invitar al ministro de Energía y Minas a informar sobre la situación del transporte de gas natural. Precisó que, si se aprueba, se coordinará la fecha de presentación. Recordó que Transportadora de Gas del Perú es una empresa privada, pero subrayó que el Ejecutivo debe explicar las acciones adoptadas frente a la emergencia energética.
Finalmente, Rospigliosi se refirió a la expectativa por el próximo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que anunciará el Gobierno. Indicó que el Congreso espera medidas concretas frente al aumento de la inseguridad y recordó que la gestión anterior dejó un plan en debate. “Esperamos que se continúe ese trabajo y se presenten mejoras”, sostuvo, en un contexto donde la seguridad y la crisis institucional marcan la agenda política nacional.
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