El Congreso y el gobierno de Dina Boluarte continúan promulgando leyes que favorecen a investigados. La última fue la norma que modifica la definición de crimen organizado.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, manifestó que dicha ley favorece al procesado.
La norma fue propuesta por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo e investigado Vladimir y quien sustentó ante el pleno fue el presidente de la Comisión de Justicia, precisamente un perulibrista y fiel defensor del sentenciado: Américo Gonza.
El coordinador Chávez, detalló que todos los fiscales están preocupados, porque sus casos de crimen organizado pasarán a otras fiscalías y juzgados. Explicó que la ley incrementa el umbral de pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis. Es así como imputaciones como estafa, tráfico de influencias y otros no podrán ser juzgados como crimen organizado.
“Un ejemplo es el delito de estafa, que tiene una pena mínima de 3 años y máxima 9, y ya no entraría en el marco de crimen organizado; pero tenemos investigaciones de personas, que conformaron redes criminales para estafar a miles de ahorristas a través de cooperativas”, dijo Chávez.
También aseveró que el fin de la organización criminal tiene que ser de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal con fines de obtener un beneficio económico. Sin embargo la norma no explica el concepto y no hay tecnicismo jurídico, en consecuencia se puede interpretarse de mil maneras.
Chávez invoca a los jueces a no aplicar la ley.
Otros investigados favorecidos
A la par que se promulgó la norma sobre el crimen organizado, el Congreso también oficializó la “Ley Amnistía”. Ahora los procesados por lesa humanidad antes del 2022 pueden acogerse a la norma y librarse de la investigación.
Desde la ONU emitieron un comunicado rechazando la ley.
“Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional”, escribieron
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