La familia Fujimori fue favorecida por la justicia en diciembre y enero. Primero con el restablecimiento del indulto a Alberto Fujimori, después con la sentencia suspendida a su hijo Kenji y ahora último la revocatoria del impedimento de salida contra Keiko.
Empezando por la lideresa de Fuerza Popular, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió que Keiko pueda salir del país por su buena conducta.
“Por lo que este tribunal considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al habérseles impuesto la obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización por escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria”, se menciona el documento.
Keiko Fujimori es investigada por el caso Coctéles por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. En este proceso enfrenta el pedido de 30 años de prisión. Según la tesis fiscal, Fujimori habría recibido aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña presidencial del 2011.
Aún no hay fecha para el inicio del juicio oral, pero se prevé que está próximo a empezar.
Este 12 de enero se confirmó que será el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los magistrados Nayko Coronado Salazar (presidenta), Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias, a cargo del juicio.
Mientras que en el caso de su hermano Kenji, él fue hallado culpable de comprar votos para impedir la vancancia de Pedro Pablo Kuczynski quien le dio a cambio el indulto de su padre. Sin embargo, a pesar que se comprobó el delito, Kenji está libre y solo cumplirá reglas de conducta, así como realizar labor social.
Por su parte, el expresidente Alberto Fujimori, fue excarcelado el 5 de diciembre tras la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer su indulto. Ahora enfrenta sus otros procesos en libertad. El exmandatario también quiso excluirse del caso ‘Pativilca’, pero su solicitud fue rechazada. La jueza Miluska Cano, presidenta del tribunal superior, argumentó que no se debe privilegiar amnistías o indultos cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
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