El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo evalúa acudir al Tribunal Constitucional para impedir el avance de leyes con impacto presupuestal. Porque en los últimos años el Congreso derogo leyes que exceden en los presupuestos y nos llevaría a una inflación.
El Legislativo aprobó recientemente la incorporación de trabajadores del Poder Judicial bajo régimen CAS al Decreto Legislativo 728, una medida que elevaría el gasto público. Álvarez sostuvo que el Gobierno no repetirá errores del pasado y reafirmó su compromiso con la austeridad: “Para quedarnos no vamos a afectar todo el marco de la Constitución”.
Esta situación fue advertida el 21 de octubre mediante una conferencia de prensa por el presidente del Consejo Fiscal Alonso Segura que alertó.
“Congreso ha aprobado más del triple de leyes con impacto fiscal adverso que en los 15 años anteriores. Solo cinco de estas normas representan un costo adicional cercano a S/22 mil millones anuales, según el Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró.
Segura también advirtió que las leyes aprobadas por insistencia alcanzan un costo conjunto superior a S/36 mil millones al año, lo que evidencia —según el organismo— un “preocupante desdén por la preservación de cuentas fiscales sostenibles” y un debilitamiento de la institucionalidad económica.
Frente a estas críticas, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, defendió la labor legislativa y acusó al Consejo Fiscal de no ser parcial. “Los exministros de Economía que integran el Consejo Fiscal nunca se preocuparon por ampliar la base tributaria. Al contrario, apretaron a los formales y dejaron de recaudar más”, respondió.
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