Mientras las víctimas de la represión de las protestas sociales demandaban justicia durante la audiencia de “Seguimiento a las recomendaciones del informe país 2023” realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., el embajador peruano Gustavo Adrianzén acusó de violentistas a los representantes de la sociedad civil: “ellos son los violentos, ellos ocasionaron las muertes”, confirmando la política de estigmatización del derecho a la protesta por parte del gobierno.
En esta audiencia participaba la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) representada por su presidenta Ketty Marcelo López, quien denunció los crímenes cometidos contra indígenas quechuas y aimaras, durante la represión violenta de las fuerzas armadas y policiales entre diciembre del año 2022 y enero del 2023.
“Hemos venido denunciando estos hechos desde que se quebró el Estado de Derecho y se instauró un gobierno de facto, autoritario y genocida, sobre todo enemigo de los pueblos indígenas, a quienes nos llaman terroristas cuando salimos a luchar frente a tantos atropellos”, subrayó la lideresa asháninka quien remarcó que esto sigue ocurriendo hoy cuando el Congreso de la República “busca arremeter contra las pocas instituciones democráticas que quedan en pie como es la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones”.
Señaló además que se están abriendo nuevas investigaciones policiales por el delito de terrorismo contra lideresas y líderes indígenas que han participado en las protestas sociales. “Ha de saber el gobierno que al criminalizar a un líder o a una lideresa indígena originaria criminaliza a todo el pueblo que representan”, subrayó.
En la audiencia también participaron representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Asociación de Víctimas, quienes detallaron las muertes perpetradas en la represión del derecho a la protesta, la falta de atención a los heridos, las nulas reparaciones a los deudos y todas las trabas para alcanzar justicia, como el cambio de fiscales, el no contar con intérpretes en sus lenguas originarias (quechua y aimara), los gastos que les ocasionan los procesos, sobre todo los de traslado hasta las audiencias, entre otros.
ONAMIAP ha elaborado el informe jurídico “Hasta alcanzar justicia”, el cual presentó a la CIDH antes de la Audiencia y cuya principal conclusión es: “Con base a la información pública disponible se identifica que los actos realizados por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas (…), es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco”, la que leyó Ketty Marcelo en la audiencia.
Por parte del Estado participaron Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la OEA, y representantes de diversos sectores como Interior, Salud, Cultura, además de la Fiscalía de la Nación, quienes detallaron algunas acciones desarrolladas respecto a las recomendaciones de la CIDH.
Ante ello, los comisionados de este organismo insistieron en la recomendación de establecer un mecanismo de seguimiento conformado por el Estado, la sociedad civil y la propia CIDH, sin el cual las reparaciones no serán efectivas al no considerar las reales necesidades de los deudos de las víctimas.
Al respecto, Ketty Marcelo dijo que “a pesar de las amenazas, persecución y criminalización de las que venimos siendo víctimas, las mujeres indígenas continuaremos rechazando y denunciando a la dictadura”.
Finalmente, la comisionada de la CIDH Roberta Clarke, quien presidió la audiencia, señaló: “Cuando se violan derechos humanos, las víctimas quedan afectadas por el resto de sus vidas. Solo les queda su voz y el derecho de levantarla”.
Solicitudes de ONAMIAP a la CIDH:
- Conformar una comisión internacional que investigue imparcialmente los crímenes cometidos contra nuestros hermanos y hermanas, porque no existen garantías en el sistema de justicia del Perú.
- Que los poderes Ejecutivo y Legislativo desistan de promover leyes que atentan contra nuestros derechos colectivos, sin consulta ni consentimiento.
- Cese a la criminalización, estigmatización, represión y persecución a líderes y lideresas indígenas.
- Reparación integral a los familiares de las víctimas.
- Cese a la política genocida, extractiva dentro de nuestros territorios integrales ancestrales.
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