La designación de Vicente Tiburcio como ministro del Interior recibió amplio respaldo por su trayectoria en la lucha contra la criminalidad, tanto por su rol en el GEIN como por sus méritos académicos. Sin embargo, uno de estos antecedentes abrió un flanco inesperado: la tesis con la que obtuvo su maestría en Ciencia Política en la PUCP registra en su resumen que busca “mejorar la inseguridad ciudadana en el Perú”, pese a que el contenido desarrolla propuestas de coordinación entre la Policía Nacional y el serenazgo para reducir el delito.
Especialistas como Marco Antonio Carrasco, docente universitario y fiscal superior provisional, señalaron que se trata de una “imprecisión léxica” que no altera la naturaleza del estudio, pero expone una falla evidente. El error atravesó toda la cadena de revisión académica —autor, asesor y jurado— sin ser detectado. Consultada sobre el caso, la PUCP sostuvo que no emitirá pronunciamiento y que la responsabilidad recae directamente en quienes evaluaron el trabajo, además de no precisar cuál sería el procedimiento para corregirlo.
La situación adquiere un matiz irónico porque el propio Tiburcio ordenó el retiro de una asesora del sector por utilizar la expresión “conflicto armado interno” en su tesis, pese a ser un término reconocido internacionalmente. En una entrevista televisiva, el ministro aseguró que no tolerará ese tipo de formulaciones y exigió la renuncia inmediata de la funcionaria, alegando firmeza en los estándares del sector Interior.
Aunque ambos casos son distintos, la coincidencia generó contraste entre la severidad aplicada a terceros y la indulgencia implícita hacia un error contenido en su propio expediente académico. Para críticos y observadores, el episodio abre un debate sobre coherencia, criterios y la rigurosidad que se espera del principal responsable de la lucha contra la inseguridad en el país.
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