A A medida que se acercan las Elecciones Generales de 2026, el tablero político peruano comienza a reacomodarse. Varias autoridades y funcionarios designados —entre ellos ministros, goberna-dores y alcaldes— evalúan renunciar antes del lunes 13 de octubre, fecha límite fijada por la Ley N.º 32058, que exige dimitir 180 días antes de los comicios a quienes aspiren a nuevos cargos públicos. Sin embargo, estas renuncias generan repercusiones en las instituciones que represen-tan.
Para el politólogo Carlos Timaná Kure, las renuncias a media gestión generan gastos a la entidad que representan, además de ocasionar demoras en los proyectos transferidos a las personas que reemplacen a los renunciantes. Esto se refleja en los cinco cambios de ministro del Interior, los cuales afectaron los proyectos de seguridad ante el aumento de la delincuencia en la socie-dad peruana, además de otros proyectos en beneficio de la ciudadanía.
REPERCUSIONES DE LAS RENUNCIAS. Si bien ante las renuncias de los representantes de cada institución existen vicepresidentes o suplentes del cargo, los analistas sostienen distintos ángu-los frente a las dificultades presentadas.
Para el sociólogo Mario Berrios Espezua, el vicegobernador o el “nuevo representante” tiene la oportunidad de concluir satisfactoriamente la gestión, lo que podría ayudar a ganar simpatía con la población para futuras postulaciones. O, en su defecto, podría generar la indiferencia de la ciudadanía ante una mala gestión.
Por otro lado, el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fernando Rodríguez Patrón, fue contundente al declarar:
“Muchos gobernadores y alcaldes dejarán sus cargos a medias solo por buscar otro puesto en el Estado. Eso es una irresponsabilidad con el país y dejarán gestiones inconclusas, obras a medias y promesas sin cumplir. Ojalá quienes los reemplacen respeten al menos el plan de gobierno origi-nal”, remarcó.
Ante este panorama, las renuncias anticipadas se han convertido en una constante del ciclo elec-toral peruano. Figuras como el exministro de Justicia Juan José Santiváñez, el exvicegobernador de Moquegua Luis Alberto Trigoso Palao o funcionarios electos como César Acuña, César Vás-quez y Rafael López Aliaga no han dado declaraciones sobre sus posibles postulaciones a las pró-ximas elecciones, pero son señalados por la población peruana como precandidatos.
Para el especialista Mario Berríos Espezúa es evidente una renuncia estratégica con la intención de postular a un cargo mayor. Sin embargo, advirtió que “esto afecta la confianza que tiene la población, ya que uno vota por su candidato esperando que cumpla con las propuestas y la pos-tura que mostró durante su campaña”, afirmó.
Las renuncias políticas anticipadas reflejan una práctica recurrente que debilita la gestión pública y la confianza ciudadana. Más allá de las estrategias electorales, la ciudadanía percibe un desape-go hacia el compromiso asumido por sus autoridades, lo que profundiza el desencanto político. En un contexto de crisis institucional, el desafío recae en fortalecer la responsabilidad ética y ga-rantizar que el servicio público no se utilice como trampolín electoral, sino como un espacio ge-nuino de gestión y cumplimiento del mandato popular.
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