El 15 de agosto de 1986, el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró a Perú inelegible para recibir nuevos créditos, tras considerar insuficiente el pago realizado por el Gobierno de Alan García para regularizar sus deudas. El Banco Central de Reserva había abonado 35 millones de dólares de los 180 millones de dólares que el organismo exigía.
La medida se produjo en medio de una fuerte disputa por la política peruana frente a la deuda externa. Desde su llegada al poder, García había establecido que el país destinaría como máximo 10 % de sus exportaciones al pago de la deuda externa, decisión que deterioró progresivamente la relación con el FMI. En ese momento, la deuda externa peruana alcanzaba aproximadamente 14 000 millones de dólares.
El FMI había dado al Gobierno peruano una última oportunidad en abril de 1986 para cancelar los atrasos antes del 15 de agosto. Al no completarse el pago, su directorio aprobó la suspensión de nuevos créditos. Perú, sin embargo, mantuvo su condición de miembro del organismo.
La decisión convirtió a Perú en el primer país de América Latina sancionado de esta manera por el FMI. Para el Gobierno de García, el impacto inmediato sería limitado, debido a que el país no había recibido nuevos créditos del organismo durante los dos años anteriores.
