El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley N.° 11658 y la devolvió al Congreso para una nueva evaluación, al advertir aspectos que requieren precisiones sobre la delimitación territorial entre Tacna y Moquegua. La decisión se produjo luego del paro indefinido y los reclamos de autoridades y organizaciones moqueguanas, que sostienen que la norma afecta territorio de esa región.

Mediante el Oficio N.° 196-2026-PR, firmado por el presidente José Balcázar y el jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo Sánchez, el Ejecutivo formuló observaciones a la autógrafa aprobada por el Congreso el pasado 23 de junio. El documento propone modificar la disposición complementaria final para precisar que la colindancia involucra al distrito de Ilabaya, en Jorge Basadre, y a los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara, en Candarave.

La decisión coincidió con el inicio del paro indefinido en Moquegua. Desde la madrugada, manifestantes bloquearon el Puente Montalvo y restringieron el tránsito vehicular en rechazo a la norma, al considerar que incorpora áreas que pertenecen a la región moqueguana.

La gobernadora regional Gilia Gutiérrez sostuvo que el principal punto de conflicto es la comunidad de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata. "Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata, el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño", afirmó al cuestionar los criterios utilizados para la delimitación.

La autoridad regional también aseguró que Moquegua no fue consultada durante la elaboración del proyecto y advirtió que el conflicto podría afectar la distribución futura del canon minero. Asimismo, indicó que el propio presidente del Congreso reconoció un error durante el trámite de la iniciativa y se comprometió a revisar el caso.