El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 16 distritos de Cajamarca y Madre de Dios debido al avance de la minería ilegal y otras actividades vinculadas al crimen organizado. La medida tendrá una vigencia de 60 días y contempla un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas consideradas críticas.
La disposición fue oficializada este viernes mediante dos decretos supremos publicados en el diario oficial El Peruano. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional estará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas y del serenazgo de los municipios involucrados.
En Cajamarca, la declaratoria comprende los distritos de Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista.
En Madre de Dios, están incluidos Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe. En esta región, además de la minería ilegal, las autoridades buscan enfrentar la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con organizaciones criminales.
La emergencia permitirá ejecutar operativos de control de identidad, patrullajes y rastrillajes, además de establecer puestos de comando temporales. Las fuerzas de seguridad también fiscalizarán las rutas utilizadas para ingresar o salir de las zonas donde se desarrolla la extracción ilegal de minerales.
Una de las medidas previstas en Cajamarca es el uso de drones con cámaras térmicas para detectar campamentos ocultos y actividades ilegales en socavones y otras áreas de difícil acceso.
También se reforzará el control de las vías para detectar el traslado ilegal de explosivos y armas de fuego, así como posibles irregularidades relacionadas con la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
En Madre de Dios, las autoridades realizarán acciones de inteligencia para identificar pasos fronterizos no habilitados y reforzar el control sobre personas que ingresen o permanezcan de manera irregular en el territorio.
La declaratoria también contempla medidas dentro de los establecimientos penitenciarios de la región, como restricciones a las visitas, controles permanentes e incautación de celulares, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan recuperar el control territorial en zonas afectadas por actividades ilícitas y reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otros delitos.
