El diputado por Huancavelica Héctor Guillén Valencia presentó una moción para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por las muertes ocurridas en Colcabamba, provincia de Tayacaja, durante el operativo del 25 de abril de 2026.
La propuesta plantea investigar durante 180 días hábiles la planificación de la intervención, la cadena de mando, el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones involucradas, además de determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de integrantes de Juntos por el Perú y otros parlamentarios.
CASO. El hecho ocurrió cuando una patrulla del Ejército intervino una camioneta en el distrito de Colcabamba, en una operación vinculada inicialmente a acciones contra actividades ilícitas en el ámbito del Vraem.
El operativo terminó con cinco personas fallecidas y dos heridas, mientras que las versiones sobre lo sucedido comenzaron a ser materia de investigación.
El Comando Operacional del Este sostuvo inicialmente que los militares respondieron ante una amenaza armada y actuaron en legítima defensa; sin embargo, testimonios y otras diligencias posteriores generaron controversia sobre las circunstancias exactas de la intervención.
La moción propone revisar la información de inteligencia que motivó el operativo, las órdenes impartidas y si el empleo de la fuerza respetó los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
También busca evaluar la preservación de la escena, la cadena de custodia, las evidencias balísticas y los protocolos utilizados por las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Aquí se perdieron cinco vidas y eso no puede quedar en el olvido. Colcabamba y Huancavelica merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza”, sostuvo Guillén al sustentar la iniciativa.
El Ministerio Público abrió una investigación contra ocho integrantes del Ejército y otros civiles por el presunto delito de homicidio calificado tras los hechos registrados en abril.
Meses después, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre los ocho militares y dispuso que se vuelva a evaluar el requerimiento fiscal.
Guillén remarcó que dicha resolución no equivale a una absolución y señaló que la investigación sobre las responsabilidades continúa.
“Aquí no se busca sustituir a la Fiscalía ni al Poder Judicial. Buscamos saber qué ocurrió, cómo se tomaron las decisiones y qué responsabilidades institucionales existen”, afirmó.
VÍCTIMAS. Las víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Águila, William Núñez Soto, Jaime Bendezú Paraguay, Wilder Romero Sivi Paucar y Nilson Montenegro Valencia.
La propuesta parlamentaria plantea que la eventual comisión entregue al Pleno un informe con sus conclusiones y recomendaciones legislativas y de política pública, sin interferir con las investigaciones fiscales o judiciales.
El documento presentado por Guillén registra además las firmas de respaldo de diversos diputados, entre ellos Marino Lavado, Jacqueline Tapullima, Marlon Aguirre, Marco Flores, Amalia Palomino, Daniel Varas, Azucena Isla y otros legisladores que apoyan el pedido para esclarecer el caso Colcabamba.
