La congresista de Renovación Popular Paola Martínez planteó evaluar restricciones al uso de redes sociales y determinados aplicativos por parte de niños y adolescentes, tras los recientes casos de violación contra menores de edad. La parlamentaria sostuvo que la falta de supervisión sobre el acceso a internet debe formar parte de la discusión sobre la protección de esta población.

“Se ha evidenciado, y hay estadística, el impacto en la salud mental que tienen los adolescentes”, declaró a Latina. Además, cuestionó “la libertad que se le da a los niños y adolescentes en el uso de aplicativos”, al considerar que la exposición sin control puede representar un riesgo para su desarrollo.

Martínez también se refirió al caso ocurrido en Piura y expresó su solidaridad con las víctimas. “El impacto que causa deshumaniza en una edad temprana, por eso tenemos casos como el de Piura, que nos solidarizamos porque es triste, es un caso muy terrible”, manifestó.

La congresista sostuvo que el Perú podría tomar como referencia medidas aplicadas en otros países para regular el acceso de menores a estas plataformas. “Hay normativas como en Brasil, en Reino Unido, donde ya se han prohibido expresamente el uso de ciertos aplicativos para adolescentes”, argumentó.

PROPUESTA. La parlamentaria informó que su bancada trabaja en una iniciativa que toma como referencia un proyecto presentado anteriormente por el excongresista Edward Málaga, orientado a regular el entorno digital de los menores.

La propuesta de Málaga plantea establecer los 16 años como edad mínima para utilizar redes sociales y exigir a las empresas herramientas de control parental. También busca limitar mecanismos de uso continuo, como el desplazamiento infinito de contenidos —conocido como scrolling— y otras funciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados.

Otro componente del proyecto consiste en crear un padrón nacional de números telefónicos asignados a menores de edad. Según lo planteado por Málaga, este registro permitiría activar o desactivar determinadas funciones de los dispositivos en función de la edad del usuario.

La iniciativa se encuentra vinculada al debate sobre la protección de niños y adolescentes en internet. Sin embargo, las declaraciones de Martínez constituyen la posición de la legisladora sobre el problema y no demuestran, por sí mismas, que el uso de redes sociales sea una causa directa de los delitos sexuales denunciados.