Lima. Se le viene la noche a la presidenta Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola, quienes ambos fueron denunciados penalmente por las muertes ocurridas en la región de Apurímac desde el 7 de diciembre del 2022. Mientras que la situación de Otárola se complica tras la investigación preliminar que abrió la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada.
La denuncia penal fue puesta por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de DD. HH., integrado por abogados independientes. Mediante su cuenta de Twitter informaron que la acusación también alcanza a los ministros de Estado y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.
Según informaron, la denuncia tiene contenido documental, audiovisual y testimonio de las víctimas. Los denunciantes calificaron de “masacre” lo ocurrido en Apurímac.
“Durante las protestas en Apurímac, se registraron seis muertes, 83 heridos y decenas de personas detenidas. Organismos de derechos humanos denuncian a Dina Boluarte, su gabinete ministerial, altos mandos policiales y responsables de esta masacre”, tuiteó Aprodeh.
INVESTIGACIÓN. Luego que revelaran la contratación de la excuñada del premier Alberto Otárola, el Ministerio Público decidió abrirle una investigación preliminar por el delito de colusión agravada. La medida incluye al ministo de Trabajo, Alfonso Adrianzén.
El semanario “Hildebrandt en sus Trece” reveló que Carola Gisella Rodríguez Bringas, excuñada de Otárola, fue contratada como asesora de la cartera de Trabajo con un suelo de 15 500 soles. La respuesta del premier ante la investigación fue que “colaborará para que todo se aclare”, afirmando que es inocente.
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