La presidenta Dina Boluarte Zegarra no se libra de las imputaciones por las muertes en las protestas contra su régimen ocurridas en diciembre del 2022 y enero del 2023. Si bien la Fiscalía decidió archivar definitivamente el delito de genocidio, horas después la acusó por homicidio calificado.
El premier Gustavo Adrianzén saludó el archivamiento de la denuncia constitucional por genocidio realizada por la exfiscal Patricia Benavides a finales del 2023. Según se ve el documento, se indicó que no hay mérito para formular una acusación constitucional por dicho delito. Esta medida también alcanza a la denuncia contra los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola; los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.
“No hay mérito para acusar constitucionalmente a la SPR (señora presidenta de la república) y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, señaló Adrianzén.
Sin embargo, horas después de su publicación, el titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, presentó ante el Congreso la acusación constitucional contra Boluarte por el delito de homicidio por la muerte de 44 personas durante las manifestaciones. La acusación también alcanza a los exministros mencionados.
“A título de la comisión por omisión [omisión impropia]-dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos (...) lesiones graves, a título de la comisión por omisión [omisión impropia]-dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos (...) y lesiones leves, a título de la comisión por omisión [omisión impropia]-dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos”, se lee en la denuncia.
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