El 10 de octubre, Dina Boluarte fue vacada por el mismo Congreso que la mantuvo en el poder por casi tres años. Con ello, dejó de gozar de inmunidad parlamentaria y deberá enfrentar once investigaciones fiscales, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión presidencial. Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó esta cifra en diálogo con América Televisión.
El primer caso abierto contra Boluarte se relaciona con las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, donde se le investiga por homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. En la sustentación, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.
Otro proceso en curso apunta a un presunto cohecho pasivo impropio por la supuesta recepción de joyas y relojes a cambio de presupuesto para el Gobierno Regional de Ayacucho. Además, la exmandataria afronta dos investigaciones más por haberse sometido a una cirugía en junio de 2023 sin pedir licencia al Congreso, siendo acusada de abandono de cargo y falsedad genérica por presunta falsificación de firmas. Por estos hechos, la Comisión de Fiscalización recomendó su vacancia por “incapacidad moral permanente”, al considerar que se ausentó entre el 28 de junio y el 9 de julio sin delegar funciones.
Asimismo, Boluarte es investigada por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad tras la desactivación del grupo policial que apoyaba al Efficcop, lo que habría buscado “neutralizar las investigaciones” contra su hermano, Nicanor Boluarte. También enfrenta una denuncia por el supuesto uso del vehículo presidencial para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón. A ello se suman tres investigaciones previas a su mandato, vinculadas al presunto financiamiento ilícito de campaña de Perú Libre y posibles irregularidades en programas sociales como Qali Warma.
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