Onerosas sumas de dinero se van del erario público con el pago y la defensa de presidentes y expresidentes del Perú. Mediante orden de servicio n.° 153, emitida el pasado 10 de abril del 2024 por el despacho presidencial liderado por Dina Boluarte Zegarra, se contrató los servicios de José Su Rivadeneyra para la defensa legal del expresidente del Perú, Alejandro Toledo.
El profesional con dinero del Estado y un oneroso salario de S/30 mil deberá defender al exmandatario acusado por los delitos de colusión y lavado de activos gracias a la resolución de subsecretaría general n.° 000023-2024-DP/SSG. Lo curioso es que el letrado ya ejercía la defensa legal desde el 2023, cuando incluso salió a la prensa a declarar que era dificultoso encontrar las pruebas contra su patrocinado.
Así como este caso, la gestión actual tiene que solventar los gastos en defensa de exfuncionarios tal es el caso del expremier Javier Velásquez Quesquén y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hecho que generó molestia al congresista por Perú Libre, Jaime Quito.
“Estamos proponiendo un proyecto de ley a la Comisión de Descentralización y Justicia del Congreso para quitar estos beneficios a estas personas que considero tienen plata para pagarse un abogado y dejar de quitarle millones de soles al Estado. Lo presentamos el 18 de abril y estamos a la espera que trascienda, quiero ir a exponer la necesidad de quitar estos beneficios a Toledo, Kuczynski, etc.”, indicó.
SIMILAR CONTRATO. Bajo servicio n.° 153 emitido el mismo día, Boluarte Zegarra aprovechó en contratar también mediante contrato directo exonerado a Joseph Campos Torres con una remuneración a todo costo de S/54 mil. Lo curioso es que este profesional defenderá a la mandataria sobre el caso de las muertes que hubo en protesta contra su Gobierno.
Este profesional lo que busca es la exclusión de su defendida de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
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