Los abogados Abimael Méndez, Jack Diburga, Víctor Porras y Yuri Martínez plantearon una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo y los ministros César Cervantes (Interior) y Alberto Otárola (Defensa) por las muertes registradas durante las protestas al interior del país.
La denuncia también alcanza al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía; el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza; y el congresista Jorge Montoya “por resultar instigador de los delitos denunciados”. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos”.
"Señora Fiscal, como ciudadanos, hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación y demás redes sociales, graves atentados a los derechos fundamentales, en el marco de la protesta social que se viene suscitando a nivel nacional por la crisis política, al cual se unió la ciudad de Ayacucho el día 15 de diciembre de 2022; reportándose al momento de interposición de la presente denuncia más de siete fallecidos y más de cincuenta y dos heridos graves, con alta probabilidad de muerte, todos con proyectil de arma de fuego; es decir con el uso de armas destinados a matar, habiendo sido los disparos en órganos vitales, directos al cuerpo; con la finalidad de desaparecer al grupo de manifestantes; el cual es doloso", se lee en el documento.
Los abogados también colocaron evidencias de fotos de los muertos y heridos, el uso de proyectiles, mensajes entre miliatres que tienen orden de "matar" y capturas de pantalla de congresistas que incitan a la violencia. Por ello piden la actuación inmediatal, a detención en flagrancia de los responsables; y seguidamente la prisión preventiva de los denunciados, hasta que se concluya la investigación.
"Señora Fiscal, como podrá advertir, los hechos denunciados son sumamente graves, por lo que solicita actuación inmediata de su Despacho en defensa de los derechos conculcados por los denunciados y que en la estación procesal que corresponda se imponga las penas máximas establecidas para los tipos penales denunciados", escribieron.
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