La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó este jueves 3 de septiembre una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso durante el gobierno de Keiko Fujimori. La parlamentaria sostiene que el funcionario habría incumplido deberes constitucionales al referirse a los posibles réditos políticos que tendría una medida de esa naturaleza.

En su denuncia, Márquez cuestiona que Gutiérrez evaluara una eventual disolución del Parlamento desde el impacto que podría tener en la aprobación presidencial y no desde su legalidad. “No advirtió la ilicitud de la medida que describía, sino que anticipó públicamente su rentabilidad política”, señala el documento presentado por la legisladora, quien considera que sus expresiones resultarían incompatibles con la defensa del orden constitucional.

La controversia comenzó el 27 de agosto, cuando Gutiérrez afirmó durante una entrevista que, si la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso, podría incrementar significativamente su respaldo ciudadano. El defensor planteó el escenario dentro de un análisis sobre la debilidad de las instituciones peruanas y posteriormente aclaró: “Nunca alentaré la disolución de una institución”, rechazando que sus palabras fueran una exhortación a quebrar el orden democrático.

Márquez también cuestionó las referencias realizadas al respaldo que obtuvo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992. Según la diputada, presentar aquel episodio como un antecedente de rentabilidad política podría minimizar sus consecuencias institucionales. En la denuncia sostiene que Gutiérrez habría vulnerado principios vinculados al Estado democrático, la separación de poderes y las funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Las declaraciones del defensor ya habían provocado el rechazo de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, cuyas bancadas en el Senado calificaron sus expresiones como “incitaciones golpistas” y anunciaron posibles acciones dentro de sus atribuciones. Renovación Popular también cuestionó al funcionario, mientras que la propia Defensoría del Pueblo sostuvo que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y correspondían al análisis de un escenario hipotético, no a una propuesta para cerrar el Congreso.