La exfiscal de la nación, Delia Espinoza, denunció este jueves que su inhabilitación por 10 años constituye una afrenta institucional contra el Ministerio Público. Tras la decisión del Congreso de la República, que aprobó la sanción en una segunda votación, Espinoza sostuvo que la medida busca amedrentar a los fiscales y quebrar la autonomía del organismo.
Espinoza calificó la sanción como “una fechoría tras otra” y advirtió que, si bien el primer intento de inhabilitación había fracasado con 63 votos, la reconsideración impulsada por algunos congresistas permitió revertir el resultado y aprobó 71 votos a favor.
Acusó directamente a los parlamentarios que respaldaron su sanción de buscar consolidar un control sobre el Ministerio Público.
“Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado (…) el Poder Judicial también sigue manteniendo (…) un silencio que no le hace bien a la democracia”, afirmó.
Aunque destituida, Espinoza se declaró la “legítima fiscal de la nación” y adelantó que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial para impugnar la medida. Advirtió que la sanción es un “mensaje directo” para intimidar a todos los fiscales, no solo a ella.
La inhabilitación aprobada por el Congreso responde a denuncias que la acusan de presunto abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, por supuestamente no acatar la Ley 32130. El primer intento de sanción no logró los votos necesarios, pero tras la reconsideración el pleno revirtió su decisión.
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