La tensión entre el Congreso y el sistema de justicia volvió a encenderse tras la denuncia de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza, quien afirmó ser víctima de una “persecución política” luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe que recomienda su inhabilitación por diez años. Espinoza aseguró que la decisión responde a criterios políticos y un trato diferenciado que, según dijo, vulnera el debido proceso y la imparcialidad.
Durante una entrevista con RPP, la fiscal sostuvo que desde su suspensión enfrenta una campaña articulada en su contra desde diversas instituciones, incluido el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y actores vinculados al partido aprista. Señaló directamente al abogado Luis Caya como impulsor de múltiples denuncias en su contra y afirmó que estas acciones responden a una “venganza” por las investigaciones que lideró desde el Ministerio Público.
Espinoza cuestionó que la Comisión Permanente recomiende su inhabilitación mientras otros tres fiscales supremos involucrados en la misma resolución —Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos— fueron absueltos. “Es un solo hecho, un solo procedimiento, pero solo yo soy señalada”, afirmó, calificando el trato como arbitrario y discriminatorio. Su defensa, encabezada por el abogado Rodolfo Pérez, calificó el proceso como “kafkiano”, denunciando falta de motivación en el cambio de voto de varios congresistas.
El Parlamento sostiene que la fiscal incurrió en infracción por invasión de competencias de la Policía en la Ley 32130; no obstante, Espinoza y su defensa recuerdan que la potestad de emitir reglamentos recaía exclusivamente en el fiscal de la nación en funciones, Juan Carlos Villena, quien firmó la resolución cuestionada. Además, remarcaron que la acción de inconstitucionalidad presentada por Espinoza fue una atribución legítima de su cargo y no un acto sancionable. El pleno debatirá este 3 de diciembre si confirma la inhabilitación.
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