La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza, además de autorizar una investigación fiscal por presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. La magistrada rechazó la decisión y advirtió que esta situación configura, según dijo, una “dictadura parlamentaria”, acusando una serie de arbitrariedades durante el proceso.
Entre los cuestionamientos más fuertes, Espinoza señaló que la denuncia constitucional estaba dirigida contra los cuatro fiscales supremos —Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y ella—, pero solo a ella se le aplicó la sanción. Recordó que en las votaciones sobre sus colegas hubo más abstenciones e incluso bancadas que no participaron, mientras que en su caso la mayoría se inclinó por castigarla. “A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza política”, afirmó.
Espinoza también aseguró que la acusación parte de un hecho incorrecto, pues la Junta de Fiscales Supremos no aprueba directivas institucionales y no fue la encargada de emitir los lineamientos sobre la conducción de la investigación preliminar, motivo central de la denuncia. Sostuvo que la Subcomisión tenía conocimiento de ello y aun así mantuvo la imputación en su contra, pese a que —según dijo— los documentos entregados demostraban que ella no participó en la elaboración del reglamento cuestionado.
Finalmente, cuestionó que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se debatió su caso no fuera transmitida en vivo, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso y genera causales de nulidad. Espinoza afirmó que sus derechos fundamentales fueron atropellados durante toda la tramitación y que no se permitió una defensa transparente. “No quisieron que se transmita en vivo (…) y todo eso ha generado nulidades”, advirtió tras conocerse la decisión.