Delia Espinoza acudió a la sede del Ministerio Público para denunciar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) incumplió la orden judicial que ordena su restitución como fiscal de la nación. Según afirmó, el plazo otorgado por el juez constitucional venció el viernes pasado sin que la Junta ejecutara su reposición. Por ello, sostuvo que el organismo incurrió en “claro desacato, desobediencia y resistencia a la autoridad”, al mantener procedimientos disciplinarios que debían haberse suspendido.
Durante su visita, Espinoza explicó que acudió para presentar sus declaraciones juradas de intereses, bienes y patrimonio antes del vencimiento del plazo legal. También realizó coordinaciones administrativas para avanzar con su retorno formal al cargo. Sin embargo, alertó que la JNJ no solo omitió cumplir la reposición, sino que volvió a citarla para declarar, pese a que la medida cautelar ordenaba paralizar cualquier acción en su contra.
La magistrada remarcó que no puede convalidar una actuación que considera “inconstitucional” y en abierta infracción a la autoridad judicial. Por ello, pidió al Poder Judicial la ejecución forzada de su restitución y reiteró por escrito su solicitud. Añadió que el juzgado ya notificó con apercibimiento al fiscal interino para que entregue el cargo conforme a ley, aunque la JNJ insiste en mantener sus convocatorias y procedimientos disciplinarios.
La controversia profundiza la tensión institucional entre el Poder Judicial y el órgano encargado de administrar la carrera fiscal. Espinoza sostiene que cualquier continuación de los procesos disciplinarios constituye una vulneración directa a la medida judicial vigente, que ordenó suspender toda actuación administrativa en su contra hasta resolver el fondo del caso. La incertidumbre persiste mientras no se defina el mecanismo y el tiempo para su reposición efectiva.
En declaraciones previas, Espinoza denunció demoras deliberadas del fiscal interino Tomás Gálvez y de la propia JNJ para impedir su retorno, pese al mandato del Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Aseguró que solo asumirá el cargo cuando se cumplan todos los procedimientos legales y rechazó ingresar por la fuerza para no incurrir en desacato. El conflicto —marcado por presiones políticas, cuestionamientos al proceso disciplinario y decisiones contradictorias— mantiene al Ministerio Público en un escenario de alta tensión institucional.
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