El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó la reorganización de Petroperú impulsada mediante un decreto de urgencia y advirtió que la medida podría facilitar una eventual privatización o fragmentación de la empresa estatal. Sus declaraciones se produjeron luego de que el Tribunal Constitucional dejara al voto la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra la norma.

Gutiérrez sostuvo que el principal cuestionamiento está relacionado con el uso de un decreto de urgencia para atender una crisis financiera que, según explicó, no es reciente ni extraordinaria. “No se trata de oponernos a una reorganización”, señaló, al indicar que Petroperú sí requiere ajustes administrativos, revisión de unidades de negocio y evaluación de activos que no generan valor, pero mediante los mecanismos ordinarios de gestión empresarial.

Gutiérrez remarcó que Petroperú cumple una función económica y social en distintas zonas del país y alertó que retirar la participación estatal podría generar un incremento considerable en los precios de los combustibles. Por ello, sostuvo que cualquier proceso de reorganización debe “priorizar el interés nacional” y evitar que activos o unidades rentables sean transferidos bajo condiciones desfavorables para el Estado.

Respecto al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el defensor del Pueblo consideró que el Congreso puede otorgar herramientas extraordinarias para enfrentar problemas en seguridad, salud y lucha contra la corrupción, aunque pidió establecer controles estrictos. 

Propuso que la Cámara de Diputados y el Senado conformen una comisión de seguimiento para fiscalizar las medidas adoptadas y corregir posibles excesos, con el objetivo de preservar el equilibrio entre la capacidad de respuesta del Gobierno y la supervisión parlamentaria.