A las 00:34 horas de este lunes 20 de enero dos varones a bordo de una moto llegan hasta los exteriores de la sede de la Fiscalía en la región Trujillo. Dejan un paquete amarillo y se retiran. Tres minutos se produce una explosión, dejando dos heridos y daños materiales en el local del Ministerio Público. Este hecho muestra la debilidad ante los criminales, que cada día ganan terreno.
Ahora fue la Fiscalía, un mensaje directo de los malhechores a quienes intentan capturar y encarcelarlos. Sin embargo, a diario son los ciudadanos de a pie, precisamente en Trujillo los pobladores viven en zozobra. Hace cinco días detonaron un explosivo contra una empresa de trasportes en El Porvenir. Ellos son amenazados de muerte por no pagar cupos.
La fiscal de la nación, Delia Espinoza, fue la primera en pronunciarse y acudir a la zona. Recalcó que ella y sus fiscales son la amenaza para los criminales. Lo peor, están solos porque la Policía no esta equipada para investigar y defenderlos, lamentó que no les den presupuesto.
“La delincuencia no nos va a amedrentar ni hacer retroceder”, aseveró Espinoza, quien dijo que el ataque estaría relacionado a la minería ilegal.
La magistrada pidió que se refuerce a la Policía, sobretodo en el trabajo de inteligencia. Además reveló que una fiscal “a cargo de un caso grave de criminalidad organizada” recibió amenazadas desde la semana anterior.
Mientras que desde el Ministerio del Interior, recién se pronunció ocho horas después del ataque a la Fiscalía. El silencio dicen se debe a trabajos para capturar a los delincuentes.
Horas después de ese comunicado, el premier Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre la permanencia del titular del Mininter, Juan José Santiváñez, criticado por su gestión, a quien respaldó.
Aproximadamente a las 16:00 horas, Adrianzén llegó a Trujillo junto a otros ministros y la presidenta del Poder Judicial, para un Consejo de Estado, empero no estaba la fiscal de la nación. La primera acción del Ejecutivo para esta situación fue disponer que el control de Trujillo esté a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía para asegurar la seguridad de la población. Además retirarán a más de 100 policías que tienen procesos disciplinarios, informó Santiváñez. Ellos serán reemplazados por efectivos de Lima.
Por su parte, el gobernador de la región La Libertad, César Acuña, quien el 2024 superó los 100 días de ausencia en el cargo, exigió al Gobierno mano dura.
“Hemos pedido que se cambie a los de inteligencia y no lo hicieron, que se cambie a los de investigación nunca lo hicieron. Eso no significa que el gobierno no quiere invertir en seguridad”, reclamó Acuña.
Trujillo se encuentra en estado de emergencia, precisamente por la ola de criminalidad, pero la medida del Ejecutivo no es más que un saludo a la bandera. La fiscal Delia Espinoza espera que desde el Mininter dejen las diferencias y puedan trabajar juntos, para brindar seguridad a todos.
“Si seguimos anunciando medidas como el estado de emergencia sin que vayan acompañadas de estrategias operativas y de inteligencia, no conseguiremos resultados. Los hechos lo demuestran”, recalcó Espinoza.
Detención preliminar
Si los malhechores que pusieron la dinamita en la sede fiscal hubieran sido atrapados, no habrían sido encarcelados porque no los detuvieron en flagrancia. Ante ello, la fiscal Delia Espinoza, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y congresistas, exigieron que restituyan la detención preliminar en todos los casos. Desde Renovación Popular plantearon un pleno extraordinario y exigieron la renuncia de Juan José Santiváñez.
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