El abogado César Nakazaki expresó su oposición a la reciente ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos para acelerar los procesos penales. Nakazaki argumentó que el Congreso debió consultar al Ministerio Público antes de desarrollar esta propuesta legislativa. En esa misma línea el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, calificó la iniciativa de inconstitucional.
“No pueden acostumbrarse a hacer leyes sin consultar a los protagonistas, los fiscales. Con la Ley de Colaboración Eficaz, ¿a qué fiscales llamaron para evaluar el tema? Con la Ley de Crimen Organizado, ¿se coordinó con los fiscales o los jueces? Este Congreso debe tomar en cuenta que tienen muchos integrantes investigados penalmente”, comentó Nakazaki en una entrevista con RPP el 3 de septiembre.
El abogado también refutó la idea de que el actual Código Procesal Penal sea responsable del aumento de la criminalidad en el Perú por ser excesivamente garantista. Según Nakazaki, el uso de la prisión preventiva aumentó más bajo el nuevo Código Penal.
“El hecho de que el fiscal sea el único responsable de la investigación, desde el punto de vista del abogado defensor, no nos brinda garantías. Más bien, nos genera grandes problemas porque debemos recurrir al juez de tutela o garantía para resolver los problemas que surgen en la investigación a cargo del Ministerio Público”, agregó.
Opiniones respaldadas por titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, quien calificó la iniciativa de inconstitucional y advirtió que, si se implementa, los fiscales no podrán conducir investigaciones preliminares. Villena argumentó que la norma permitiría al Ejecutivo conocer todas las investigaciones realizadas, lo cual, según él, colisiona con la autonomía del Ministerio Público y la separación de poderes.
“El propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean dirigidas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional del Perú”, concluyó.
NORMA. Fue aprobada por el pleno del Congreso el 22 de agosto con 72 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones. Esta modificación al Código Procesal Penal permite a la Policía Nacional investigar delitos para acelerar los procesos penales.
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