La Defensoría del Pueblo alertó que la crisis institucional de Petroperú fue “implosionada por exfuncionarios” y advirtió que declaraciones alarmistas podrían desencadenar un pánico financiero que profundice la inestabilidad de la empresa estatal, clave para el abastecimiento de combustibles en el país.
En un pronunciamiento oficial, la Defensoría detalló que la situación actual no solo deriva de problemas financieros, sino también de decisiones administrativas deficientes y una falta de visión estratégica por parte de gestores anteriores, lo que habría debilitado la autonomía y operatividad de la petrolera.
Expertos han venido señalando que la petrolera arrastra problemas de gobernanza y pérdidas acumuladas, además de enfrentar constantes cambios de directorio que han afectado su estabilidad operacional. Para 2026, se discuten diversas propuestas de reestructuración y enfoques para intentar recuperar la viabilidad financiera de la empresa.
La Defensoría pidió a los poderes del Estado que evalúen mecanismos inmediatos de reajuste financiero y reperfilamiento de deuda, enfatizando que decisiones precipitadas o discursos alarmistas podrían agravar la crisis e impactar negativamente en la economía y la población peruana.
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