En medio de un acalorado debate de posiciones encontradas, el pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos una moción de carácter multipartidaria que establece la conformación de una comisión que investigue y halle a los responsables políticos de las 47 muertes dejadas durante las violentas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el sur del país.
A favor votaron, 71 parlamentarios, 45 en contra y una abstención. Lo que quedó pendiente es el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad que será debatido en la Junta de Portavoces.
La propuesta nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien planteó que este grupo de trabajo esté integrado por todas las bancadas de la representación nacional y tenga un plazo de 90 días calendarios.
Las bancadas en cuestión "proponen que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora que determine las responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022. La comisión tendría un plazo de 60 días para realizar las investigaciones. Moción presentada el 16 de diciembre de 2022".
Durante el debate, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular mostraron su notoria oposición a la idea y recalcaron que el Ministerio Público debía ser la encargada de realizar las diligencias. Además, rechazaron la tesis de que se cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las posturas de estos grupos políticos se trasladaron al resultado de la votación cuando marcaron rojo contra la creación de la comisión investigadora. La bancada de Avanza País, los parlamentarios María del Carmen Alva (Acción Popular), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), Ángel Azurín y Esdras Medina (Somos Perú) también acompañaron este rechazo.
De igual manera, los parlamentarios José Balcazar (Perú Bicentenario), Kira Alcarraz y José Elías (Podemos) y el no agrupado Juan Burgos también se alinearon a no respaldar las causas de las muertes durante las protestas que llevan más de un mes.
Un detalle que ha quedado pendiente es el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad que será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.
A la indagación en el fuero parlamentario, hay que señalar que la Fiscalía de la Nación dispuso este martes iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez.
La medida, que también alcanza al expremier Pedro Ángulo y al exministro del Interior César Cervantes, se basa en las muertes de manifestaciones cometidas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, que de momento suman 47.
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