La Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento en el que reafirmó la autonomía del Poder Judicial y el principio de separación de poderes como pilares del Estado democrático. Sin mencionar nombres, el comunicado se difundió en un contexto marcado por recientes declaraciones y actuaciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que generaron cuestionamientos sobre eventuales presiones al sistema de justicia.
La Sala Plena recordó que el Perú se rige por un modelo republicano y que el ejercicio del poder —así como la crítica ciudadana— debe desarrollarse en un clima de respeto mutuo y tolerancia democrática, observando las decisiones adoptadas por los representantes de la Nación. En esa línea, advirtió que el comportamiento de funcionarios y actores sociales debe excluir toda intromisión, interferencia, amenaza o condicionamiento a la labor jurisdiccional.
El pronunciamiento fue enfático al señalar que resulta inaceptable que resoluciones judiciales dictadas en el marco de competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo o de la aplicación de medidas disciplinarias con fines políticos. “Hacerlo implica destruir el sistema de justicia y anular la tutela jurisdiccional efectiva”, sostuvo la Corte, subrayando que solo un Poder Judicial independiente puede garantizar derechos fundamentales, dignidad humana y convivencia pacífica.
La Corte Suprema reafirmó, además, su compromiso de ejercer la función jurisdiccional sin rendirse ante intromisiones, imputaciones infundadas o agresiones que pretendan instrumentalizar mecanismos de control político o disciplinario. El comunicado se sumó al de la Asociación Jueces para la Justicia y la Democracia, que advirtió sobre el uso del sistema disciplinario con fines intimidatorios y la existencia de un patrón sistemático de presión institucional contra jueces y fiscales.
El contexto inmediato del pronunciamiento incluye las declaraciones de Rospigliosi contra magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por su actuación en el caso Cayara (1988). A través de redes sociales, el legislador los calificó de “politizados y prevaricadores” por no aplicar la Ley 32107, y luego ingresó como público a una audiencia virtual del proceso, acompañado por las congresistas Martha Moyano y José Cueto, hechos interpretados como presión directa. No es la primera vez que el titular del Parlamento cuestiona al Poder Judicial, al que días antes calificó como “mafia caviar” y frente al cual advirtió medidas “radicales”.
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