La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida contra el juez Alain Salas, magistrado especializado de Acobamba, por el delito de prevaricato de derecho. Así lo informó el Ministerio Público, al precisar que el fallo ratifica que el magistrado emitió resoluciones manifiestamente contrarias a la ley para favorecer al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia.
De acuerdo con la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, Salas admitió y resolvió un hábeas corpus a favor de Cerrón, anulando una sentencia condenatoria que aún no era firme. Esta decisión contravino de forma directa el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que impide utilizar este tipo de recursos contra resoluciones judiciales cuando existen vías legales pendientes, como el recurso de casación presentado por la Fiscalía y que aún no había sido resuelto.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público demostró que el magistrado omitió verificar deliberadamente el estado real del proceso penal seguido contra el exgobernador por el delito de negociación incompatible. Además, se estableció que Salas no sustentó de manera razonada su apartamiento de la norma constitucional, configurando así el delito de prevaricato de derecho, al dictar resoluciones fuera del marco legal vigente.
Tras el recurso elevado a la Corte Suprema, no solo se confirmó la sentencia, sino que también se incrementó la reparación civil de S/ 3.000 a S/ 5.000 a favor del Estado. En su pronunciamiento, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con “la legalidad, la correcta administración de justicia y la persecución de conductas que vulneren el orden constitucional y el Estado de derecho”, marcando un precedente frente a actos judiciales que favorecen indebidamente a personas investigadas por corrupción.
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