El congresista Luis Cordero Jon Tay, de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que permitiría a los contribuyentes descontar los pagos por extorsión del impuesto a la renta, lo que ha despertado fuertes cuestionamientos por considerarse una iniciativa que normaliza un delito en lugar de combatirlo.
La iniciativa legislativa del parlamentario, quien pertenece al mismo partido del presidente José Jerí, plantea “modificar el literal del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta” para incluir los pagos por extorsión como pérdidas deducibles. El artículo 2 del proyecto precisa que los contribuyentes víctimas de este delito “puedan acreditar las pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada”, con el objetivo de “proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia”.
La propuesta, sin embargo, abre la puerta a que el Estado reconozca formalmente la existencia de extorsiones dentro del sistema tributario. Según el texto, las pérdidas económicas podrían formalizarse mediante documentación sustentatoria y evidencia del delito, lo que para algunos especialistas equivale a aceptar que el pago a bandas criminales se vuelva parte del esquema contable de las empresas.
El proyecto modifica el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que hoy permite deducir “las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros”.
Cordero Jon Tay busca ampliar ese alcance para incluir las extorsiones, precisando que esto aplicará “siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente”.
Finalmente, el proyecto establece sanciones penales para quienes presenten información falsa y encarga a la Sunat la reglamentación del proceso. Cordero Jon Tay plantea una ley que, bajo el argumento de proteger a las víctimas, podría terminar institucionalizando las extorsiones.
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