La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la suspensión temporal de seis meses impuesta a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El colectivo calificó la medida como un “grave ataque” a la independencia de la Fiscalía.
Según el pronunciamiento, la decisión de la JNJ “pone en riesgo la democracia y la capacidad del Estado para investigar el crimen”. Además, advirtieron que sin una Fiscalía independiente “se abre paso a la impunidad y la vulneración de derechos”.
La organización cuestionó la legalidad del proceso disciplinario, al señalar que responde a una ofensiva del Gobierno y el Parlamento para controlar instituciones autónomas. En esa línea, acusaron que la coalición gobernante “ha consumado ahora un nuevo paso al tomar control del Ministerio Público, y se prepara para avanzar contra el Poder Judicial”.
“La autonomía del Ministerio Público, pilar de la democracia, se ve amenazada con la suspensión de la fiscal de la Nación en un contexto de retrocesos democráticos y represión”, señalaron. Para la CNDDHH, estas maniobras “buscan consolidar la impunidad, erosionan la separación de poderes y profundizan la crisis de institucionalidad del país”.
La suspensión fue aprobada por la JNJ el 19 de septiembre, a propuesta de la vicepresidenta María Teresa Cabrera y respaldada por los demás miembros, con excepción de Francisco Távara. Espinoza no acudió a presentar descargos, argumentando falta de garantías para un debido proceso.
Durante los seis meses que dure la medida, el despacho de la Fiscalía de la Nación quedará a cargo interino de Pablo Sánchez, fiscal supremo decano. Si él declina, la sucesión recaería en Zoraida Ávalos, seguida por Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena, de acuerdo con el cuadro de antigüedad del Ministerio Público.
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