Una nueva legislatura inició y los congresistas tienen pendiente aprobar leyes cuestionadas, pero que los favorece y atentan contra instituciones.
Una de las integrantes, del Congreso que tiene una cifra de aprobación, Flor Pablo, advirtió sobre las normas que están encaminadas para ser aprobadas (ver cuadro). Las leyes fueron rechazadas desde el momento de su presentación y también cuestionaron a los parlamentarios que continuaron aprobando las iniciativas, pese al rechazo.
Una de ellas, es la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y creación de una Escuela Nacional de la Magistratura, de paso será el Senado quien elija a los jefes de la ONPE y la Reniec; ya que no habrá JNJ. Esta propuesta está en predictamen. El politólogo Carlos Timaná, señala que esta iniciativa se da luego que los legisladores no pudieron destituir a los magistrados de la JNJ y creen que la solución es eliminando la entidad que apenas tiene un periodo de funcionamiento.
Otra ley que será votada en esta legislatura es la eliminación de los movimientos regionales. Los representantes se pronunciaron en contra y anunciaron marchas contra el Parlamento. Sin embargo, según un comunicado emitido antes del 28 de julio, indicaron que los congresistas no votarán a favor de dicha norma.
La educación también continuará siendo menoscaba por los ‘padres de la patria’, ya que tienen en agenda la ley para dar una segunda oportunidad a las universidades que no cumplieron sus estándares y perdieron su licencia de funcionamiento.
A esto se suma, que insistirán en el nombramiento automático de más de 150 mil docentes contratados sin evaluación.
También está en camino la norma que plantea derogar la Ley del Servicio Civil que está en dictamen.
Es menester precisar que la presidencia del Congreso y vicepresidencias continúa bajo la misma fórmula, con un pacto entre los partidos de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, a ellos se suma Avanza País. Precisamente congresistas de dichas bancadas son los que lograron la contrarreforma universitaria, la ley sobre lesa humanidad que favorece a procesados por violación de derechos humanos, la norma que debilita la colaboración eficaz, los más de 50 cambios a la Constitución y más. Todo ello respaldado por el silencio de la mandataria Dina Boluarte.
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