La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen que incorpora el artículo 288-D al Código Penal para sancionar con prisión de dos a cuatro años a quienes vendan, distribuyan o suministren bebidas alcohólicas a menores de edad. 

La iniciativa, presentada por el congresista Flavio Cruz, responde a que el 59.7 % de adolescentes entre 12 y 18 años consume alcohol en el Perú y la edad promedio de inicio es de 13.2 años. 

El texto aprobado es preciso en sus alcances: "El que, de manera directa, vende, distribuye, expende o suministra bebidas alcohólicas a un menor de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días multa".

El dictamen justifica la medida en la ineficacia del marco legal actual. "La regulación vigente establece principalmente sanciones de carácter administrativo, las cuales no resultan disuasivas", señala el documento, advirtiendo que ello "genera un escenario de impunidad que favorece la reiteración de esta conducta en el mercado informal y formal".

El Ministerio de la Mujer respaldó la iniciativa destacando que el cerebro de los menores "se encuentra aún en pleno proceso de formación, lo que los hace más vulnerables a enfermedades, intoxicación y a generar adicción o dependencia". El Ministerio del Interior y la Policía Nacional también coincidieron en que el consumo de alcohol en menores es un "factor de riesgo vinculado a la comisión de delitos y a la inseguridad ciudadana".

La nueva norma permitiría la actuación directa del Ministerio Público y la PNP frente a estos casos, buscando generar un efecto disuasivo y fortalecer la protección del interés superior del niño.

Según el dictamen, los menores acceden al alcohol con facilidad en bodegas, licorerías y otros establecimientos. El consumo temprano está asociado a deterioro cerebral, bajo rendimiento académico, violencia y accidentes.