El Congreso de la República promulgó la ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, estableciendo que los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sean procesados exclusivamente por el fuero militar policial cuando afronten investigaciones por presuntos delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones. La norma fue oficializada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, luego de que el Poder Ejecutivo no la promulgara ni formulara observaciones dentro del plazo legal.

La legislación incorpora el principio jurídico de "ne bis in idem", que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. En ese sentido, prohíbe que un policía o militar enfrente procesos paralelos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar cuando se trate del mismo caso. Además, establece que, ante un conflicto de competencias, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá priorizar el fuero militar si los hechos ocurrieron durante operaciones oficiales.

El texto también define qué se considerará un delito de función. En el caso de las Fuerzas Armadas, comprende las acciones desarrolladas durante operaciones militares vinculadas al orden interno o en estados de emergencia. Para la Policía Nacional, la disposición incluye intervenciones relacionadas con la prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, vigilancia de fronteras y otras funciones establecidas por ley.

Otro de los puntos más relevantes de la reforma es el endurecimiento de las sanciones para los malos elementos dentro de las instituciones castrenses. La ley incorpora la cadena perpetua para los efectivos policiales o militares que colaboren con organizaciones criminales utilizando el cargo o las funciones que desempeñan dentro del Estado.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Congreso en segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, tras rechazar los pedidos de reconsideración presentados por algunos legisladores. Mientras un sector del Parlamento sostuvo que la medida fortalece la seguridad jurídica de quienes combaten la delincuencia y el terrorismo, otros congresistas advirtieron que la reforma podría ampliar de forma excesiva el alcance del fuero militar y generar cuestionamientos sobre el control judicial de los actos cometidos durante operativos oficiales.