El Congreso promulgó este jueves la Ley N.º 32535, norma que elimina el enfoque de género de la política pública nacional y redefine la igualdad entre mujeres y hombres desde una perspectiva basada en diferencias biológicas. La disposición fue aprobada el 19 de noviembre con 68 votos a favor, 16 en contra y cinco abstenciones, y entró en vigencia sin la firma ni observación del presidente José Jerí.
La iniciativa, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), suprime toda referencia al “enfoque de género” y términos asociados como “igualdad de género” o “violencia de género”. En su lugar, la ley establece la noción de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y fija un plazo máximo de un año para que todas las entidades del Estado adecuen sus políticas, documentos y programas a la nueva redacción.
En el ámbito educativo, la norma dispone que el Ministerio de Educación emita lineamientos para una educación sexual “con base científica, biológica y ética, y en valores”, eliminando la educación sexual Integral. Este nuevo enfoque deberá, además, adecuarse a las convicciones morales de los padres, lo que implica un cambio sustancial en los contenidos curriculares vigentes.
La promulgación generó un inmediato rechazo de colectivos feministas, organizaciones de la sociedad civil y congresistas de oposición, quienes advierten un retroceso en la protección de derechos. Legisladoras como Susel Paredes señalaron que la ley contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, orientados a prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres.
El debate escaló al plano internacional tras el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alertó que la eliminación del enfoque de género debilita las protecciones frente a la discriminación estructural y podría afectar especialmente a mujeres, niñas y personas de género diverso. El organismo instó al Estado peruano a revisar la norma y reafirmar su compromiso con la igualdad sustantiva y los estándares internacionales de derechos humanos.
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