El diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, anunció un proyecto de ley que busca fortalecer el congelamiento y rastreo del dinero obtenido mediante extorsiones, incluso cuando los delincuentes transfieran los fondos hacia otras cuentas bancarias, billeteras digitales o productos financieros. La iniciativa apunta a cerrar espacios utilizados para mover rápidamente el dinero y reforzar la respuesta del Estado frente a este delito.

Según explicó el legislador, la propuesta permitirá que las autoridades continúen siguiendo la ruta del dinero después de detectar una primera cuenta vinculada con una extorsión.

Además, las entidades que reciban una orden de congelamiento deberán comunicar su ejecución y reportar el recorrido posterior de los fondos en un plazo máximo de dos horas.

“No basta con capturar al extorsionador, hay que seguirle la plata”, sostuvo Yalta durante una entrevista con Radio Nacional.

LEY. La Ley N.° 32209, publicada el 20 de diciembre de 2024, incorporó un mecanismo que permite a unidades especializadas de la Policía solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) el congelamiento administrativo de fondos o activos presuntamente vinculados con extorsiones, siempre que exista sustento y urgencia en la investigación.

Posteriormente, en agosto de 2025, el Ministerio del Interior aprobó una guía operativa para aplicar esta herramienta y bloquear movimientos de recursos relacionados con este delito.

Yalta precisó que su proyecto no pretende crear una nueva institución, sino reforzar la coordinación entre la Policía, la UIF, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La propuesta cobra relevancia en medio de la preocupación por las extorsiones que afectan, entre otros sectores, a transportistas de Lima y Callao, y busca impedir que los delincuentes retiren o dispersen el dinero antes de que las autoridades puedan inmovilizarlo.

El diputado también se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas anunciado por el Ejecutivo para reforzar la lucha contra la delincuencia.

Si bien consideró que el Congreso debe evaluar las herramientas solicitadas, remarcó que mantendrá su función de fiscalización: “Facultades sí; cheque en blanco, no”.

Yalta sostuvo que el Gobierno debe fijar metas, plazos y responsables, mientras el Parlamento impulsa iniciativas propias para enfrentar la extorsión y seguir el circuito financiero de las organizaciones criminales.